Ciudadanos v/s Encapuchados.

     ¿Qué hay detrás del enfrentamiento que se produjo el jueves recién pasado entre alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño que, a rostro cubierto, pretendían levantar barricadas en el sector, y un grupo de vecinos que se opuso violentamente?

      Este enfrentamiento es el reflejo más tangible de lo colgados que están los grupos anarquistas de la realidad política del país, y no solo ellos, sino también, aquellos pequeños grupos rezagados que hablan de “proletariado y lucha de clases.

    ¿Existe el proletariado y la lucha de clases? Si nos remitimos al concepto clásico del marxismo; este define el proletariado como “la clase social que, desprovistos de los medios de producción (fábricas, maquinarias y materias primas), se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para vivir; en tanto la lucha de clases, es la manifestación de los intereses irreconciliables entre el proletariado y la burguesía (los empresarios, dueños de los medios de producción). Lo que les conviene a los trabajadores, no les conviene a los empresarios, de ahí esta lucha constante entre unos y otros.

      Tanto los anarquistas como los grupos rezagados de izquierda, se plantean la destrucción del sistema capitalista y la construcción de uno donde no existan las clases sociales; salta entonces la pregunta ¿es esto es posible?

     Volviendo al marxismo clásico, es indudable que las clases sociales existen, y por consiguiente la lucha de clases. Pero, lo que hay que entender, es que el golpe de Estado de 1973, significó una derrota política de proporciones para la clase trabajadora y los partidos de izquierda de la que aún no se recuperan.

    El golpe de Estado tuvo como única finalidad, recuperar la cuota de poder político que la clase acomodada había perdido a manos de la Unidad Popular y detener el avance de los trabajadores; nada más ni nada menos. Las consignas patrioteras y todo lo demás, son solo consignas para la galería, destinadas a justificar uno de los acontecimientos más sangrientos y anti-patriotas de toda nuestra historia nacional.

   Luego del golpe, el grueso de las cúpulas partidistas de la Unidad Popular partieron al exilio, y los que aquí quedaron, murieron a manos de la dictadura, pero esto no impidió que surgiera un vasto movimiento político-social democrático exigiendo el fin del régimen y el retorno a la democracia. Las protestas y movilizaciones iniciadas en 1985 y la irrupción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ponen en jaque a la dictadura y amenazan la existencia misma del sistema neoliberal surgido a partir de 1973. Se hace necesario pues, una salida negociada entre las fuerzas políticas que sustentan a Pinochet y la oposición social-cristiana y socialdemócrata, agrupadas en la Concertación de Partidos por la Democracia.

   En 1990 asume el gobierno la Concertación que había triunfado en las elecciones presidenciales de 1989, con un programa de gobierno que ofrecía grandes reformas al sistema dictatorial y anunciaba la llegada de la alegría. Se produce así, el retorno masivo desde el exilio de los “generales” que llevaron al pueblo chileno a la derrota del 11 de septiembre, quienes, sin el más mínimo atisbo de autocrítica, desempolvan sus viejas charreteras y asumen la conducción del proceso de “transición a la democracia”

    El gobierno de Patricio Aylwin, al igual que todos los gobiernos venideros de la Concertación, basó su acción política en los acuerdos cupulares con la oposición pinochetista, desarticulando todo el tejido social surgido al calor de la lucha antidictatorial, desmovilizando a la militancia, transformando a los partidos políticos en agencias de empleo para ocupar puestos en el aparato estatal, despolitizando y desconcientizando a la base social y limitando su participación solo a los procesos electorales que contemplaba la Constitución pinochetista. Sin lugar a dudas, el programa de gobierno que se había ofrecido al país requería de la participación y apoyo ciudadano activo, por lo que, al privilegiar los acuerdos cupulares con la oposición (política que se aplica hasta hoy), hace imposible que lo que se ofrece a la ciudadanía se pueda hacer realidad, lo que genera frustración, desencanto y apatía; y genera además, el surgimiento de una autodenominada “clase política”; casta conformada por caudillos autistas, preocupados solo del poder y los privilegios que este otorga, ignorantes e indolentes frente a los problemas de la gente común. La lucha de clases se transforma en una lucha entre esta nueva clase política y la ciudadanía que ha sido despojada de todos sus derechos más elementales.

   Esto hace que hoy, si bien existe la clase trabajadora y la lucha de clases, ésta no tenga conciencia de su existencia y de sus intereses. Lo que se define desde el punto de vista como burguesía, es decir los empresarios, tienen muy claro su existencia como clase y cuáles son sus intereses. Se agrupan en organizaciones únicas por sector productivo (agricultura, minería, agropecuario, pesquero, retail, financiero, etc.), confluyendo en la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (CMPC), que es el elemento de freno a cualquier medida que cuestione el poder exclusivo y excluyente del gran empresariado nacional y extranjero. Poseen partidos políticos que representan a cabalidad sus intereses (UDI y RN), y otros destinados a captar el apoyo de la “clase media” y profesionales (Evopolis, PRI)

     Por su parte, los trabajadores están dispersos. La gran mayoría no participa ni se interesa en los asuntos gremiales ni políticos; y los que se interesan están diseminados en múltiples organizaciones. En las empresas donde existen sindicatos, hay más de uno, muchas veces incapaces de ponerse de acuerdo siquiera para enfrentar las negociaciones salariales. A nivel nacional, tenemos dos “grandes” centrales: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), a lo que se suma el peligro inminente del quiebre de la CUT, como resultado del vergonzoso espectáculo de fraude visto en las últimas elecciones de su directiva nacional.

     En el ámbito político, las cosas no son diferentes. Nos encontramos con un Partido Socialista que, de haber sido pilar fundamental del gobierno de Salvador Allende, se transformó en administrador privilegiado del modelo neoliberal heredado de la dictadura; un Partido Comunista que de haber sido la reserva política y moral de la  clase obrera, pasó a ser un partido pragmático, más preocupado de las cuotas de poder que de desarrollar una acción destinada a concientizar, organizar y movilizar a los trabajadores en función de sus intereses de clase; y un conjunto de pequeños partidos de izquierda extraparlamentaria que, con sus definiciones y  terminología extemporáneas, es incapaz de interpretar los intereses de la gente. Los encapuchados, a pesar de ser jóvenes, enarbolan un discurso viejo. No entienden que los grandes cambios sociales lo realizan las  masas, conscientes y organizadas, y no son el resultado de la acción voluntariosa de un pequeño grupo de iluminados que pretende inventar la rueda en pleno siglo veintiuno. Sin duda, estos jóvenes debieran estudiar historia y política para entender que la acción revolucionaria se hace a partir de la base social, interpretando las legítimas aspiraciones de la gente, organizando, canalizando, movilizando y transformando la lucha reivindicativa en lucha política.

    Esto es lo que han entendido muy bien los jóvenes que han irrumpido desde la movilización estudiantil y que están dando forma a una nueva izquierda, agrupada en Alternativa Democrática, que significó el gran triunfo de Jorge Sharp en Valparaíso. Hoy por hoy, la gran batalla es entre la “clase política”, representante del poder de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, y la ciudadanía; y en esta batalla, la tarea principal es generar un asalto ciudadano al poder. Es decir, desalojar a la clase política del poder e instalar a representantes de la ciudadanía, dispuestos a ejercerlo en beneficio de la comunidad.

    Las acciones de los encapuchados, no son revolucionarias, no cuentan ni contaran con el respaldo ni la simpatía ciudadana, es más, estas son utilizadas por los administradores del poder para desprestigiar y criminalizar las movilizaciones sociales en pos de reivindicaciones justas y necesarias; y en este sentido, son reaccionarias, pues se prestan para la mantención del status quo.

 

EDUARDO ZÚÑIGA JOFRÉ